Es una pregunta interesante. Porque, antes del advenimiento de la Convención, había una concienciación de las personas con discapacidad. Pero cuando se firmó la Convención y se comenzó a divulgar este documento, se vivió como una concienciación que suscitó una reacción en las personas con discapacidad que fueron conscientes a partir de ese momento de su fuerza; en primer lugar, eso les dio confianza en sí mismas y prestaron más atención a lo que el Estado hacía con respecto a los derechos de las personas con discapacidad. En resumen, esto generó una concienciación que nos ha ayudado a avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad.
FirEn primer lugar, nos dijimos que para divulgar mejor la Convención, era necesario traducirla en las grandes lenguas de la República de Malí. Esto fue el objeto de un taller y tuvimos recomendaciones muy fuertes en este sentido que nos permitieron traducir la Convención en lengua bambara, en lengua tamashek y en lengua peul. Eso nos permitió hacer una gran divulgación a nivel de las personas con discapacidad y a nivel de las comunidades. Porque la comunidad que rodea a las personas con discapacidad es más o menos consciente de todo esto, por falta de información. Cuando empezamos nuestra difusión en la televisión y en la radio en lengua local, la gente decía que era un documento que puede ser muy beneficioso para todo el mundo, y para las personas con discapacidad; y eso es lo que sucedió.
Hubo también esfuerzos de sensibilización realizados por las personas con discapacidad que dijeron: «Esto es, nuestro país es el campeón en materia de firma y de ratificación». Por una vez, nos gustaría salir de ese corsé. Tendrán que hacer realmente cosas concretas con respecto a la Convención. Por eso fuimos a ver al Presidente de la Asamblea que rápidamente buscó implicar al Gobierno en los debates. Hubo 7 ministros para poder hacer una sensibilización a nivel del Gobierno. Y también instituimos una red parlamentaria de defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Actualmente estamos tratando de establecer un punto focal, gracias a la Convención, a nivel de la oficina del Primer Ministro para lograr una coordinación a nivel del Gobierno. No lo hemos conseguido todavía.
Pero lo que ha sido fundamental es que hemos hecho un plan estratégico de 10 años pegado a la Convención, que va a hacer transversal esta política de inclusión. La cuestión de la discapacidad ya no estará bajo la tutela única del Ministerio de Desarrollo Social, sino que todos los Gobiernos van a tener transversalmente la discapacidad en sus presupuestos sectoriales. Esto nos permitirá resolver muchos problemas, en sectores tales como la educación, el empleo. Por lo tanto, tenemos algunos caballos de batalla. Ahora bien, quien dice educación, dice empleo. El empleo es la finalidad de la inclusión de las personas con discapacidad. Por eso nos interesan particularmente estos criterios.
Voy a aprovechar para decir que, gracias a la Convención, las personas con discapacidad han comprendido que pueden manifestar su opinión sobre numerosos temas. Se han concienciado de que no se puede hablar en su lugar, que hay que rechazar las lógicas de asistencialismo. El artículo 29 de la Convención estipula que hace falta realmente la participación política de las personas con discapacidad para que puedan participar en las decisiones que se tomen. Por lo tanto, las personas con discapacidad aprovechan la ocasión. Ahora hay militantes en diversos partidos políticos que van a hablar en nombre de las personas con discapacidad y que van a ser centrales en las decisiones.
Por ejemplo, hemos participado en la elaboración del plan estratégico 2015-2022, que el Gobierno lanzará en breve. Y hemos procurado que el contenido refleje fielmente la Convención. Que no sea una Convención más. Hemos hecho presión para que la administración pública de nuestro país tome la Convención como tal y que podamos trabajar con esto para abordar los problemas de empleo en la República de Malí. Y también en lo que respecta a la educación, estamos trabajando para hacer que el sistema sea más inclusivo.
¡Ah, verdad! En primer lugar queremos mutualizar las grandes políticas inclusivas de la subregión, eso es un gran desafío. Juntos se puede tener una fuerza de intervención común. Además, queremos tener en cuenta el desafío de la educación, sobre todo en lo que respecta a las personas con discapacidad. Porque nuestros Estados, por falta de conocimiento o de medios, quieren limitarse a la política de apertura de centros. Ahora bien, estos centros están dirigidos por asociaciones. Queremos ir más allá de eso, de la fase especial integradora y avanzar hacia una política inclusiva que permita la escolarización de muchas personas con discapacidad –por no decir la totalidad, ya que eso es lo que la Convención dice. Esto va a obligar al Estado a comprometerse en un proceso que vaya hacia la inclusión de las personas con discapacidad, dentro de un sistema educativo inclusivo. Nuestro gran desafío también es el empleo. El empleo es la finalidad de todo. No solo nos otorga nuestra dignidad personal, sino que también nos permite tratar problemas socioeconómicos, lo que nos va a permitir vivir dignamente en nuestra sociedad inclusiva.
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